Este texto de Javier Elzo apareció originalmente en el número 7 de la revista CIC Network (2010) y lo reproducimos en su integridad por su interés.

Dando por buena la ortodoxia investigadora en la producción de datos (muestra representativa –cuestión mucho más importante que el tamaño muestral–, cuestionario honesto –en las cuestiones seleccionadas y rechazadas, en el orden de las preguntas, en el significado neutro de las mismas, en la no inducción a la respuesta correcta, en la secuencia en un mismo tema en el interior del cuestionario…–, test piloto suficiente, etc.), encuestadores competentes e ideológicamente controlados, nos acercamos al tratamiento informático que, en la actualidad, es uno de los pasos más seguros y menos manipulables del proceso investigador. A condición de que la introducción de datos sea realizada por personal ajeno al equipo investigador, así como la primera salida de datos. Estas normas elementales garantizan unos resultados válidos y fiables. De ahí en adelante, la pericia y honestidad de los investigadores será clave.

A la hora de reflexionar sobre la responsabilidad del científico hacia la sociedad, cuestión que motiva estas líneas, varias son las cuestiones que cabe abordar y que resumo aquí en dos: las relaciones entre patrocinador e investigador, en primer lugar, pues va a determinar hasta dónde se investigue; y las modalidades de traslado de los resultados de lo investigado a la comunidad científica y a la sociedad, en segundo lugar.

Muchas investigaciones en ciencias sociales se realizan por encargo de un patrocinador. Este puede ser público o privado, mediante concurso libre de aspirantes o por adjudicación directa, con variantes y matizaciones que sería largo y prolijo explicar.

De hecho, en la adjudicación de la investigación hay diferentes modalidades en las que cabe entretenerse. Pero lo que aquí deseamos trasladar, por razones de espacio, son dos puntos concretos del proceso de relaciones entre el patrocinador y el investigador: la libertad del investigador en la ideación, planeamiento y ejecución de la investigación, por un lado, y la forma como los resultados obtenidos se transmiten a la sociedad, a través de los medios de comunicación social, de los congresos, conferencias, publicaciones, etc., por el otro.

Vamos a abordar estas reflexiones basándonos en nuestra propia experiencia investigadora en sociología de estos últimos treinta años, básica, pero no exclusivamente, desde la Universidad de Deusto.

Relaciones del investigador con el patrocinador

¿Es el investigador social totalmente libre en la ideación, planificación y organización de la investigación una vez adjudicada? Nuestra experiencia nos dice que no siempre. En el proceso investigador puede haber presiones de diferentes órdenes siendo la más importante la que se produce en la elaboración del protocolo de recogida de información, normalmente un cuestionario. El patrocinador desea que se formulen determinadas cuestiones, lo que obviamente no debe plantear objeciones, pues puede ser incluso el objeto de la investigación, pero a condición de que el investigador en su leal entender y desde los principios éticos que rigen en la profesión, tenga libertad para redactar el protocolo de recogida de datos acorde a los objetivos propuestos para la investigación concreta que se desea llevar a cabo. Este punto es clave. Es preciso distinguir el contacto con el patrocinador para centrar y mejorar el cuestionario de la imposición (por presencia o ausencia) de determinados temas. Al objeto de centrar el estudio, el investigador haría mal en obviar el contacto con el patrocinador pues, normalmente, éste tiene un conocimiento del terreno que va a ser objeto de investigación superior y más ajustado a la realidad que el propio investigador. Además, se eliminan, de entrada, esperas y esperanzas en los resultados por parte del patrocinador que es mejor dilucidar en los prolegómenos del estudio. Amén de que es absolutamente lógico que el patrocinador desee conocer a tiempo, esto es, en los prolegómenos de la investigación, si el equipo investigador va a trabajar sobre el objeto de su demanda y si no olvida algún elemento clave de su interés.

Es muy diferente la situación cuando, ante unos objetivos concretos formulados por el patrocinador al investigador, aquél propone la eliminación de determinadas cuestiones o sugiere, a veces imperativamente, la modificación de determinados ítems que el patrocinador no desea ver figurar y que, a juicio del investigador, alterarían incluso el resultado final o, aunque no llegue a tanto, sí la percepción global que se lograría del tema en cuestión si estas o aquellas cuestiones quedaran eliminadas del protocolo de recogida de información.

En mi vida profesional he vivido más de una y dos situaciones en las que, en el proceso de redacción de los cuestionarios, la intromisión del patrocinador ha sido excesiva, llegando a momentos de fricción que, en algún caso, han dado lugar al abandono, pura y simplemente, de la investigación en curso. Incluso con el test piloto realizado. El patrocinador, digámoslo francamente, tenía miedo a la verdad, a la verdad que saldría de los resultados de la encuesta.

Las situaciones más complicadas se dan en instituciones públicas (Iglesia, departamentos del Gobierno Vasco, ministerios, etc.), particularmente las que mantienen un alto perfil ideológico, que temen un quebranto, precisamente, en su dimensión ideológica. Por ejemplo, y señalo experiencias realmente vividas: la Iglesia, que teme que sus seminaristas sean críticos con la educación que reciben; departamentos de Educación temerosos de que los alumnos y sus padres valoren en más alto grado los centros privados que los públicos; organismos de centros de educación concertados, que temen que los padres escojan a sus centros, no por la ideología del centro sino por la garantía de seguridad que les ofrece o quiénes vayan a ser los compañeros de sus hijos en determinados centros. De todas formas, tampoco hay que generalizar, pues hay organismos públicos y privados que buscan la verdad, aún cuando les resulte molesta. Incluso con los resultados ya en sus manos y antes de su publicación.

En todo, caso es preciso añadir que la investigación social en Euskadi es excesivamente tributaria de la Administración, especialmente del Gobierno Vasco y, aunque en menor medida, también de las diputaciones y ayuntamientos, por este orden. Esta dependencia con la Administración tendrá como primera consecuencia la forma, modalidad y publicación de los resultados de las investigaciones, cuestión de la que me ocuparé mas abajo, porque hay que detenerse previamente en otra cuestión, precisamente en el marco de este artículo: la práctica ausencia de la iniciativa social en la investigación social en Euskadi. Es raro encontrar una Fundación, una entidad privada, un organismo del orden que sea, que promueva una investigación social, educativa, cultural, y no digamos si tiene algún ribete religioso o político. Estas ultimas temáticas son, a veces, positivamente proscritas de la investigación, eliminando ítems o referencias políticas o religiosas de los cuestionarios, por mor de una imposible neutralidad axiológica, cuando en realidad, oculta el temor de desagradar (y perder) algún cliente potencial de la entidad u organismo patrocinador de la investigación. Este es un mal endémico de los organismos privados de la sociedad vasca que han dado literalmente la espalda a la investigación social sosteniendo que es la Administración (o las universidades) quienes deben ocuparse de ello. De ahí que cuando se nos inquiere que reflexionemos en estos artículos sobre la responsabilidad del científico hacia la sociedad –pues, se supone, es la que ha permitido que podamos hacer investigación–, la primera respuesta que, a quien suscribe, le viene a la cabeza es que, en realidad, poco debemos a los organismos privados de la sociedad sino a los públicos, que son quienes en la inmensa mayoría de los casos han financiado y patrocinado las investigaciones sociales.

Hemos escrito sobre la sociedad vasca. Pero hemos hecho muchas y relevantes investigaciones fuera del País Vasco, particularmente en Catalunya, y el temor a toda referencia axiológica que se asomara al tema religioso o político, en determinados organismos privados, es constante. No en todos, quiero decirlo, como la Fundaciò Jaume Bofill y la Fundaciò Luis Carulla que, por lo que sé de mi experiencia de investigador, son dos ejemplos de instituciones privadas que ayudan a la investigación social (en el sentido amplio del término) con un consejo científico que les asesora y dirime qué investigar, publicando los resultados, con la única condición de que el estudio tenga rigor científico, dando por supuesta su pertinencia social a la hora de promoverlo. No veo en Euskadi instituciones equiparables.

La publicación de los resultados

Digamos, de entrada, que es difícil encontrar en una librería convencional, incluso de calidad, un libro de investigación social, máxime si es financiado por la Administración. A veces el libro ni existe, quedándose en lo que antaño se denominaba literatura gris, esto es, cuadernos anillados con los resultados mayores del estudio. Cuando no en un CD, o un pen drive, auténticos cementerios de investigaciones y de actas de congresos sin un 1º de noviembre para recordarnos sus existencias. En los últimos tiempos, afortunadamente, muchas investigaciones pueden consultarse, en su integridad, en la web del organismo público o privado correspondiente, lo que ha aliviado fuertemente la situación, pues hace pocos años el resultado de la investigación era objeto de una distribución limitada y cerrada a una lista de personas o colectivos que se suponían concernidos por el estudio. Lo que normalmente era el caso pero rara vez el libro estaba en la librerías y cuando llegaba ya había pasado el interés informativo en el público medio no especializado. He de confesar con amargura que, en mis treinta años de investigación social, no conseguí que al día siguiente de la presentación y distribución a la prensa de una investigación, a veces con el libro correspondiente, este libro estuviera en las vitrinas de las librerías. Con lo que la investigación quedaba en un universo cerrado (la Administración, particularmente los responsables políticos, que reciben de oficio todo tipo de investigación, el equipo investigador y la distribución en otros equipos investigados) con la excepción de su tratamiento en la prensa en el momento de hacer públicos los resultados. Ahora ya, en el penúltimo recodo de mi vida investigadora, he de confesar que, en muchos de los temas que he abordado, el interés (más allá de los círculos investigadores y su repercusión en conferencias) se circunscribía al tratamiento que había recibido en los medios de comunicación social en el momento de su presentación. Y en este punto nos enfrentamos a otro problema, no siempre fácil de solventar. ¿Cómo debe producirse la presentación a la prensa de los resultados mayores de una investigación científica de ámbito social? ¿Quién debe presentar los resultados, el investigador o el patrocinador?

¿Cómo y quienes deben presentar los resultados de las investigaciones?

Al menos cuatro situaciones hemos vivido en estos últimos treinta años. La investigación la presenta exclusivamente el equipo investigador (o el director de la misma), habitualmente con la presencia de algún miembro del organismo patrocinador, tanto si es público como privado. Su intervención es de carácter general glosando la importancia del tema que se presenta y del papel del organismo que ha decidido, entre sus presupuestos, retener una parte para que la investigación pueda llevarse a buen puerto. Esta situación era habitual en los años 80 pero ya entrando en los 90 la cosa cambió fuertemente, especialmente en el ámbito público.

Un primer cambio consistió en que la investigación misma, con sus resultados, fuera objeto de una doble presentación en el mismo acto, por parte del patrocinador y del investigador. A veces esto planteaba soluciones rocambolescas, como que un patrocinador explicara datos referentes a determinados aspectos de la investigación y el investigador a otros. Por ejemplo, en un estudio ómnibus el representante de la Administración (el Consejero, habitualmente) presentaba, por ejemplo, algunos datos de la dimensión política, laboral, política, etc., y el investigador se limitaba al ámbito familiar, religioso y al consumo de drogas. El resultado era desalentador para el representante de la Administración, pues las preguntas de los periodistas, incluso en el ámbito en el que éste había presentado los datos, iban dirigidas al investigador y eran sus respuestas las que resaltaban al día siguiente los medios de comunicación social, con el disgusto consiguiente de las instancias patrocinadoras de la investigación, que entendían que el protagonismo (pues de eso se trata) se lo había apropiado el equipo investigador.

Hubo en consecuencia una tercera vía que, al menos en lo que concierne a quien esto firma, no pasó de un intento: el investigador explicaba la dimensión técnica de la investigación, garantizaba la validez y fiabilidad de la misma y, a lo sumo, explicaba cuáles eran los objetivos perseguidos y los que, por razones técnicas, de muestreo por ejemplo, no se pudieron cumplir. Por su parte, el representante de la Administración explica en detalle los resultados de la investigación. Obviamente nunca nos prestamos a este apaño que, en realidad, venía a dejar en manos del promotor de la investigación los resultados de la misma, limitándose el investigador a validar técnicamente lo que el promotor, entendiendo lo que era esencial de la investigación, optara por trasladar a la ciudadanía. El ciudadano recibía los resultados de la investigación a través de una mediación, diferente a la del propio investigador que se limitaba a avalar científicamente el discurso del promotor. Si además el libro no llegaba a librerías…

Todo esto lleva a la cuarta modalidad, que es la más habitual en los organismos públicos, aunque en algunos privados está adquiriendo cada día mayor presencia: la investigación es presentada directamente por el patrocinador sin la presencia física del investigador o su equipo, en el momento en el que, en rueda de prensa, se hacen públicos los resultados del equipo investigador. Este equipo, habitualmente señalado por el patrocinador es citado, en letra menuda, en una página interior del estudio, pero nunca en la portada. Así, la investigación aparecerá en su presentación pública por el ministro o consejero de turno como el estudio sobre, pongo por caso, consumos de alcohol y drogas de los jóvenes, realizado por el departamento del tal Gobierno, quedando absolutamente diluidos los autores del trabajo…, salvo que haya algún dato chirriante, no políticamente correcto, pues entonces son inquiridos los investigadores para que den cuenta de lo escrito. En otras palabras, los equipos de investigación

social se han convertido en gabinetes externos al organismo público que les financia, muchas veces en condiciones leoninas: tienen derecho a discutir y –según el talante– decidir sobre el cuestionario, sobre los análisis a efectuar y, por supuesto, son responsable únicos de lo escrito, pero no lo son de su publicación y publicitación.

Afortunadamente, al investigador le queda la posibilidad de discutir la investigación en congresos y reuniones científicas. Posibilidad que obviamente utilizamos en infinidad de ocasiones con las consecuencias positivas que ello conlleva de discusión con colegas del fruto del trabajo del equipo investigador. Labor fundamental pero que, de nuevo, pensando en el objetivo de estas líneas, hay que confesar que, a ella sola limitada, es una muestra más de la dificultad de trasladar al conjunto social los resultados del trabajo realizado, por el escaso eco que suscitan los congresos científicos en los medios de comunicación, a poco que se profundiza en los temas. Podría dar más de un ejemplo.

¿Debe publicarse todo?

Dando por supuesto la calidad intrínseca de la investigación merecedora de ser publicada (es una forma de hablar, pues, en realidad, hay mucho trabajo publicado, también mío, que no lo merecería pues los parámetros en este orden de cosas en la investigación científica de ámbito social, sospecho que son más livianos que en los de la investigación experimental en ciencias llamadas puras, Biología, Física, etc., dicho sea en nuestro demérito), soy de la opinión de que determinadas informaciones, incluso rigurosamente obtenidas y cuyos resultados son avalables por los cánones internos de las ciencias sociales, no deben ser publicados urbi et orbe. Me refiero concretamente a resultados que pueden resultar particularmente estigmatizantes para determinados colectivos que ya se encuentran en una situación de desventaja social cuando no de marginación y a punto de caer en la exclusión social. Recientemente (en diciembre de 2009), he sido consultado y vivido una situación de este tenor en una investigación entre escolares de enseñanzas medias en la provincia de Burgos, sobre usos y abusos de las nuevas tecnologías de inter-comunicación donde un colectivo, ya con difi cultades previas de inserción socio-familiar-escolar, hubiera quedado muy estigmatizado (inútilmente estigmatizado) si sus datos hubiera salido a la luz pública. Dicho esto, es preciso añadir que esos datos deber ser conocidos por los organismos competentes en la materia, así como sus padres, cuando los haya.

En este orden de cosas, en investigaciones que nosotros hemos dirigido, obviamente hemos organizado el trabajo de campo de forma que nunca un centro docente o una localidad de rango medio, o pequeño, pueda ser reconocida en una investigación, aunque hemos hecho llegar a sus representantes los datos que les concernían y la ayuda técnica para comprenderlos. En ciencias sociales, las desviaciones de rango estadístico deben ser tratadas con sumo tiempo y rigor, rara vez publicitadas y nunca de forma que pueda ser reconocido el universo concernido. Especialmente si hubiera el mas mínimo riesgo de romper la sacrosanta nota de la investigación social: mantener el anonimato del informante (quién contesta a un cuestionario o se aviene a una entrevista en profundidad), al mismo tiempo que, deontológicamente hablando, un investigador en ciencias sociales no puede hacer uso de una información obtenida subrepticiamente que pueda identificar, lejanamente al sujeto. En este punto los códigos deontológicos tanto de la FES (Federación Española de Sociología) como de la ISA (Asociación Internacional de Sociología, y de la que fes forma parte) son absolutamente formales. Valga como muestra esta transcripción tomada del Código Dentológico de la FES: «Como científicos, los sociólogos deberían revelar los métodos con los que trabajan, así como las fuentes de sus datos» (punto 2.3.1.). «La seguridad, anonimato y privacidad de los sujetos de la investigación y de los informantes deberían ser respetadas rigurosamente, tanto en la investigación cuantitativa como cualitativa. Las fuentes de información personal obtenidas por los investigadores deberían ser confidenciales, a menos que los informantes pidieran o acordaran ser citados» (punto 2.3.2). Esta es una de las diferencias fundamentales de la información científica en ciencias sociales de la información periodística.

¿Deben ocultarse los datos a otros colegas?

Cuestión relevante en los ámbitos de la investigación pura (pienso, a título de ejemplo, en los financiados por las empresas farmaceúticas por sus evidentes implicaciones crematísticas), también puede serlo en las ciencias humanas. Aunque con menor importancia, pensamos. Así el staff director del European Values Study nos pide una moratoria (de un año, más o menos) antes de hacer uso de los datos de los otros países, distintos al propio, al objeto de que tengan la primicia en la presentación de sus propios datos. También puede suceder que el patrocinador de un país concreto desee rentabilizar su patronazgo mediante una presentación del estudio que lo visualice suficientemente. Pero una vez el estudio presentado, no hay problema alguno para ofrecer los datos a los colegas aunque no falten los que se nieguen a entregar las bases de datos, de nuevo para no perder la primicia de una posible segunda explotación de datos, o una sobreexplotación de alguna parte o tema del estudio.

Personalmente siempre he sostenido, y así he procedido, que la base de datos es propiedad de la comunidad científica y, a través de ella, de toda la sociedad. De ahí que nunca jamás me haya negado a entregar a un investigador las bases de datos de los estudios en los que he participado dirigiéndolos y disponiendo de base de datos (lo que no siempre es el caso, desgraciadamente).

Javier Elzo es catedrático emérito de Sociología en la Universidad de Deusto. Fue director del Equipo de Estudio de los Valores de la Universidad de Deusto. Presidió el Forum Deusto y es investigador del European Values Study. Ha publicado sobre una amplia variedad de temas: sobre el acoso escolar, el problema de las drogodependencias, la sociología de la violencia juvenil (incluyendo el entorno etarra), etc.

Edición realizada por César Tomé López a partir de materiales suministrados por CIC Network