En 1897 el parlamento de Indiana (EE.UU.) estuvo a punto de aprobar una propuesta por la que se establecía una “nueva verdad matemática” según la cual el valor de pi era igual a 3,2. Es una historia muy conocida, y seguro que todos nos hemos reído mucho con la ingenuidad y la ignorancia de aquellos políticos.

Lo que no tiene tanta gracia es darnos cuenta de que siglo y pico después seguimos más o menos igual.

Aunque de momento solo un ayuntamiento se ha declarado “libre de chemtrails”, abundan los que se declaran (contra toda evidencia física y legal) “libres de transgénicos”, renuncian al uso de herbicidas “químicos” o establecen zonas sin wifi para proteger la salud de sus ciudadanos. Las mociones contra el cambio climático o la enseñanza de la evolución son aún raras a este lado del Atlántico, pero a cambio cada dos por tres tenemos a algún político pidiendo que se investiguen (otra vez) los supuestos efectos cancerígenos de la telefonía móvil, se da validez oficial a métodos mágicos como la “agricultura biodinámica” y nuestra legislación sigue considerando a los productos homeopáticos como medicamentos.

En su libro El arte de vender mierda, Fernando Cervera nos ofrece unos datos sencillamente desoladores: en 2013, de los 350 diputados del Congreso español solo cinco tenían formación en ciencias físicas y cuatro en biología, aunque había veinticinco médicos y enfermeros el número de veterinarios ascendía solo a dos, y no existía ni un solo diputado con formación en matemáticas y estadística o protección del medio ambiente. Y eso sin tener en cuenta que muchas de estas personas llevaban años, incluso décadas dedicadas exclusivamente a la política, de modo que no cabría esperar que se hubieran mantenido muy al día del progreso de sus disciplinas.

Hay que reconocer que la formación no garantiza necesariamente el rigor: Fernando Cervera comprobó que nada menos que 152 diputados habían recibido formación en derecho, a pesar de lo cual nuestras leyes no son precisamente un prodigio de la técnica jurídica. Por otra parte ni los criterios con los que se elaboran las normas tienen por qué ser exclusivamente técnicos ni la labor de los políticos se limita a la elaboración de las leyes Pero vivimos en una sociedad dependiente de la ciencia y la tecnología, y sería deseable que un buen número de nuestros representantes políticos conocieran esa ciencia y esa tecnología sobre la que van a tener que legislar. Y si no es así, que escuchen a quienes sí que las conozcan.

Esa es la intención de Euromind, un foro creado en el Parlamento Europeo por la diputada Teresa Giménez Barbat con la finalidad de poner en contacto a la política con la ciencia y el humanismo secular. Los grandes temas de la construcción europea tienen también una perspectiva científica, técnica o incluso psicológica que los políticos deben conocer y comprender, y el humanismo, evidentemente, tiene mucho que decir en nuestro camino hacia una sociedad europea laica y sin ataduras religiosas.

En los encuentros Euromind destacados expertos internacionales exponen su punto de vista respecto al tema elegido y a continuación celebran un coloquio con los asistentes, entre los que suelen encontrarse varios eurodiputados. En las dos reuniones celebradas hasta ahora han intervenido intelectuales y científicos de la talla de Paul Cliteur y Maryam Namazie, en la sesión titulada “Hacia una Europa secular: frente a los fundamentalismos”, y Adolf Tobeña, Carsten De Dreu y Mark van Vugt, en “¿Nacionalismos perpetuos?”, lo cual permite hacerse una idea del alto nivel de estos eventos. Pero personalmente creo que lo más interesante es su enfoque: se trata de cuestiones que están en la raíz de los temas a tratar, y respecto a las cuales la ciencia proporciona datos que no siempre son los que un político desearía escuchar.

Iniciativas como Euromind no son solo necesarias: resultan imprescindibles. Repasando muchas de las normas europeas (y, ya puestos, españolas, tanto estatales como autonómicas o locales) es evidente que a sus redactores les hubiera venido muy bien que les explicasen la forma correcta de obtener y valorar las evidencias científicas, unas nociones básicas sobre estadística y estimación de riesgos o alguna que otra lección sobre biología, medicina, geología, física o ecología. O que simplemente hubiesen tenido la oportunidad de hablar con alguien que realmente conozca a fondo esas cuestiones. La decisión sobre qué hacer con esos datos les corresponde a ellos, por supuesto, que por algo son nuestros representantes democráticamente elegidos, pero pedirles que al menos conozcan bien esos datos no parece pedirles demasiado, ¿verdad?

En 1897 los congresistas y senadores de Indiana tampoco parecían saber demasiado de matemáticas: la comisión de educación del Congreso dio el visto bueno a la moción sobre el número pi, la cámara la aprobó por unanimidad, y todo parecía indicar que el Senado haría lo mismo. Pero dio la casualidad de que andaba por allí Clarence A. Waldo, jefe del Departamento de Matemáticas de la Universidad de Purdue, que se enteró de lo que pasaba y se reunió con los senadores para explicarles qué implicaba realmente aquella moción disparatada.

Pero estamos en 2016, y poner en marcha más iniciativas como Euromind parece preferible a tener que depender de que algún otro profesor Waldo pase por casualidad por los Parlamentos y Ayuntamientos a explicar a los políticos qué dice la ciencia sobre las cuestiones que van a regular.

Aunque algunos no quieran escucharlo, claro. Pero esa es otra historia que deberá ser contada en otra ocasión.

Este post ha sido realizado por Fernando Frías (@FerFrias) y es una colaboración de Naukas con la Cátedra de Cultura Científica de la UPV/EHU.